La discreción institucional con la candidatura del acelerador de
partículas de Granada ha pasado a un segundo plano. Del secretismo, los
organismos implicados han pasado a una 'disputa' en la que la Junta le
pasa la pelota del liderazgo a Gobierno central y éste se la devuelve
cual frontón. Una batalla política que, sin embargo, esconde una muy
buena noticia para el avance de la propuesta. Y es que tanto el
Ejecutivo autonómico como el nacional reconocen el interés por colaborar
con esta infraestructura y limitan la discrepancia a una falta de
comunicación a la hora de fijar la oferta económica. Asimismo, el
Ayuntamiento y la Diputación de Granada también manifestaron un gran
interés por atraer esta iniciativa.
Así, mientras el Ministerio de Economía y Competitividad
mantiene que le envió un documento a la Junta para financiar al 80-20 la
participación española, la Consejería de Economía y Conocimiento
asegura que está a la espera de que "se aporten las explicaciones y
detalles que estime convenientes" el Gobierno. En definitiva, la
candidatura granadina para albergar el macroproyecto científico IFMIF
para crear futuros reactores de fusión se encuentra en el punto de
dirimir el convenio económico y asumir responsabilidades por todas las
partes para que la oferta sea más atractiva que la de su rival Polonia.
En principio, España tiene hasta junio para convencer al organismo
europeo Fusion for Energy (F4E), que decidirá el país que se queda con
la infraestructura. No obstante, si hay disponibilidad real la propuesta
se podría demorar hasta otoño, cuando se inicie el próximo curso
académico.
Por su parte, fuentes de la secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación explicaron que es la Junta la que
"tiene la pelota en su tejado", ya que debe completar la propuesta
remitida por el departamento que dirige Luis de Guindos y devolvérsela a
éste para que se avance en la candidatura. En concreto, el Gobierno
está dispuesto a asumir unos 120 millones de euros de los 300 que
debería financiar la candidatura española. De esta forma, el Estado
costearía el 80% de la financiación que correspondería a las
administraciones españolas y la Junta, el 20% restante. La inversión
total del proyecto ha sido cuantificada en unos 600 millones de euros
aunque esa cantidad variará en función de lo que aporten los socios
internacionales. Además, desde la Secretaría de Estado afearon la
actitud del consejero Antonio Ramírez de Arellano por desviar la
responsabilidad hacia el Gobierno.
La Junta no tardó en contestar al Ministerio para reiterar su
apoyo a la candidatura, un asunto que, según matizó el Ejecutivo andaluz
"es iniciativa y responsabilidad del Gobierno de España". Se trata de
un "apoyo y disponibilidad" que viene "reiterándose" desde la Consejería
de Economía y Conocimiento desde hace un año en las sucesivas reuniones
mantenidas con la Secretaría de Estado e I+D. Según la Consejería, la
última reunión entre ambas administraciones se produjo el pasado 26 de
abril. Ahí se produjo la discordia, según la Junta, pues "la Secretaría
de Estado planteó un escenario en el que el Gobierno no hacía ninguna
aportación propia al proyecto, reclamándosela a la Junta de Andalucía.
Es decir, Andalucía no podría usar sus propios Feder para la
cofinanciación requerida".
